“El ministro del Interior fuma y el de Hacienda también”. En algunos años más, manifestaciones como ésta podrían convertirse en un titular escandaloso. Fumar tabaco es una de las costumbres más populares del mundo. Pero los países occidentales, a la velocidad de diez años, han aprobado cuerpos legales para limitarla al máximo. Quizá porque la evidencia de que la adicción hace daño, aparece demasiado patética. Sólo en Chile mueren 14 mil personas al año de distintos cánceres relacionados con la adicción y otros centenares de ellas usan un micrófono en la garganta para hablar.
René Descartes pensó en el tabaco y dijo que era “una droga de gente honrada”. Las leyes vigentes en el mundo al que Chile pertenece han convertido a los fumadores, un 43% de la población nacional, en sujetos al borde de lo proscrito, o al menos en personas marginales, frente al 57% que reclama su derecho a respirar aire limpio. En 2003, todos los países inscritos en la Organización Mundial de la Salud se reunieron en Ginebra para acordar un instrumento jurídico internacional. El Convenio Marco para el Control del Tabaco, que nuestro ministro de Salud, Pedro García, firmó en Nueva York el 25 de septiembre de ese año.
Un verdadero hito. La firma del acuerdo pactado en la 56o Asamblea Mundial de la Salud, implica que fumar es oficialmente una costumbre que el Estado quiere disminuir y desincentivar. La forma de lograrlo es sin anestesia. Impulsando una ley en sintonía con la europea, que protege a los no fumadores pero tiene un marcado tinte prohibicionista.
“Acá, en Finlandia, la cosa es como se quiere sea en Chile: cero publicidad, venta restringida a mayores de edad, los cigarros son carísimos y las cajetillas vienen literalmente forradas en unos cartelones de letras inmensas con advertencias descarnadas, terroríficas (y ciertas, por desgracia). Y el que fuma sale al patio o al balcón, está asumido; y lo miran muy, muy mal. A pesar de todo, veo niños fumando a la salida de los colegio”, escribe a LND Mariela Cisternas, una chilena de 33 años residente en Helsinski.
Para que el convenio sea practicable, el Congreso debe despachar una serie de modificaciones a la Ley 19.419, que regula las actividades relacionadas con el consumo y la publicidad al tabaco. Según el nuevo escenario, estará prohibido, a riesgo de recibir multa, fumar en todas las reparticiones de la administración pública, así como en todos los recintos de trabajo, salvo en lugares al aire libre o habilitados para fumar, o sea con ventilación y aislados herméticamente de las demás dependencias.
Las disposiciones generales de la nueva ley, como la prohibición de la venta a menores de 18 años y la de fumar en los colegios, aeropuertos, lugares de uso público, tienen amplio consenso incluso en el negocio de la industria tabaquera.
“Queremos vender un producto regulado y destinado al consumo adulto. Los mayores hacen muchas cosas con más o menos riesgo: votar, casarse, viajar en avión. En la medida que los riesgos sean sopesados, gracias a la información disponible, la persona puede perfectamente tomar decisiones. Estamos hablando de gente adulta; con los menores no nos interesa comunicarnos”, dice José Vicente León, gerente de Asuntos Corporativos de Chiletabacos, la filial en el país de la transnacional British American Tobacco (una de sus accionistas mayoritarias es la Reina Isabel II de Inglaterra), que controla el 95% del mercado.
